Don Juan Varea Orbea, Juez del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Santander, ha condenado al Ayuntamiento de Santander a devolver con intereses el impuesto y establece que las corporaciones no pueden girarlo, aunque se demuestre que ha habido una ganancia.
Los Ayuntamientos de Cantabria no podrán liquidar plusvalías nuevas mientras el legislador no redacte una nueva ley que sirva de base legal para calcular el impuesto. Si los Ayuntamientos mantienen el gravamen, se arriesgarán a la condena judicial.
El pasado 14 de junio, el juez estimó íntegramente la demanda presentada por el Letrado Javier Fernández-Regatillo Vega, contra la resolución del Ayuntamiento de Santander sobre las liquidaciones practicadas por este del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y, en consecuencia, anuló dichas liquidaciones y condenó al Ayuntamiento de Santander a reintegrar la cantidad abonada por tales liquidaciones, unos 7.500 euros; al pago de los intereses prescritos y, además, a hacer frente a las costas judiciales.
El letrado Javier Fernández-Regatillo Vega presentó recurso contra las liquidaciones que se practicaron del impuesto referido a dos inmuebles transmitidos “mortis causa”. Se alegó la no concurrencia del hecho imponible, dado que no existió incremento alguno del valor del bien y no tuvieron oportunidad real de probarlo al inadmitirse la tasación solicitada. El gravamen que se pretende es contrario al artículo 31 CE y así lo ha resuelto ya el Tribunal Constitucional en tres sentencias. Especialmente se invoca la última, que data del 11 de mayo de 2.017.
Frente a dicha pretensión, el Ayuntamiento consideró que la resolución era ajustada a derecho y que, en cualquier caso, la sentencia del 11 de mayo de 2.017, no declararía la inconstitucionalidad de los preceptos del TRLRHL (Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales).
Por lo tanto, señala la sentencia, “el Ayuntamiento, mientras no se regule de nuevo este tributo, no puede decir cómo se determina o no el incremento o que procedimiento o prueba cabe”.
La sentencia, que es firme porque no cabe recurso, supone un gran perjuicio para los Ayuntamientos de Cantabria, pues este impuesto, permitió ingresar a los mismos muchos millones de euros.
Lo que no queda claro es que pasará con las liquidaciones que ya se han practicado. Según el letrado Javier Fernández-Regatillo Vega, hay que estudiar caso a caso, porque no son lo mismo las plusvalías ya firmes, que las que estén en plazo para poder recurrir.